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La medida es el último esfuerzo para destituir a Martínez y la señal más grande hasta la fecha de que la lucha de poder entre el alcalde Brandon Johnson, su junta escolar y el director ejecutivo de las escuelas de la ciudad que lleva meses, está llegando a un punto crítico este mes.
El reemplazo de Martínez está adquiriendo una nueva urgencia para el alcalde, su junta escolar y sus aliados en el Sindicato de Maestros de Chicago (CTU, por sus siglas en inglés) que quieren lograr un nuevo acuerdo de negociación colectiva antes de mediados de enero, cuando una nueva junta escolar de 21 miembros parcialmente electos tome el control.
El sindicato ha acusado a Martínez de ser un obstáculo para sus demandas. Hace apenas dos semanas, la junta ordenó a Martínez que resolviera el contrato en los “próximos días”.
Los funcionarios de CPS respondieron que compartían el deseo de cerrar rápidamente el contrato pero, en una carta de cinco páginas siguieron defendiendo sus posturas, dejando en claro que las dos partes estaban muy distanciadas.
La oferta de indemnización llega después de una serie de acontecimientos: Martínez dijo que el alcalde le pidió que se fuera; toda la junta escolar renunció; un nuevo presidente de la junta también renunció en medio de la controversia, y surgieron disputas públicas entre los representantes de Johnson y Martínez.
Desde agosto, Martínez ha estado en la cuerda floja justo cuando el Sun-Times y WBEZ informaron por primera vez que la administración de Johnson estaba sentando las bases para reemplazarlo.
Ante la presión de dejar lo que ha llamado un “trabajo de ensueño”, Martínez contrató a William J. Quinlan, destacado abogado litigante que se desempeñó como asesor general del estado de Illinois durante el mandato del ex gobernador Rod Blagojevich.
“Pedro Martínez tiene la intención de cumplir su contrato con las Escuelas Públicas de Chicago y asegurarse que los 325,305 estudiantes y padres obtengan el beneficio de lo que negociaron con él”, dijo Quinlan en un comunicado.
El Chicago Tribune fue el primer medio en informar sobre la oferta de indemnización de la junta escolar.
En una reunión en noviembre, la junta contrató al bufete de abogados externo Cozen O’Connor, y luego pasó cuatro horas en conversaciones a puerta cerrada. Justo antes de eso, la junta agregó asuntos de personal a la lista de temas de discusión, que podrían haber incluido el estado laboral de Martínez.
Ha habido una mayor atención y escrutinio a cada movimiento que ha hecho la Junta de Educación en los últimos dos meses, y en cada reunión pública se especula sobre cuándo y cómo intentarán sacar a Martínez.
En ese tiempo, los seis miembros de la junta no han respondido a las solicitudes para que hagan comentarios.
Martínez ha defendido su historial en CPS, diciendo que ayudó a guiar al distrito a través de las últimas etapas del aprendizaje remoto, luego el regreso a las aulas y una posterior recuperación líder en la nación en lectura y matemáticas. También ha señalado una renovación de la fórmula de financiación escolar del distrito que los activistas, incluido el CTU, han pedido durante mucho tiempo.
Pero las negociaciones del contrato de CTU han demostrado ser un punto principal de discordia.
Cuando la junta de 21 miembros asuma el cargo en enero, con 10 miembros elegidos el 5 de noviembre y otros 11 designados por el alcalde, podría ser más difícil llegar a un consenso sobre un contrato con el CTU. Los miembros de la junta elegidos directamente por Johnson están presionando demasiado para llegar a un acuerdo con el sindicato, pero algunos miembros de la junta elegidos se opondrán al alcalde y al CTU.
Los líderes sindicales también han dicho que ven al presidente electo Donald Trump como una amenaza existencial para el distrito escolar contra la que quieren que su contrato los proteja.
Martínez y su equipo parecen no estar dispuestos a cumplir con muchas de las demandas del CTU, en particular en relación con la dotación de personal, que según han dicho es demasiado cara para el distrito con problemas de liquidez que acaba de enfrentar un déficit de $500 millones este año.
Martínez, al igual que el alcalde y el CTU, ha presionado para obtener más fondos estatales. Pero no hay garantía de que eso se cumpla después de que fueron rechazados la primavera pasada y mientras el estado enfrenta sus propias dificultades financieras.
Las dos partes también parecen estar muy distanciadas en cuestiones importantes que no son económicas, como el tiempo de planificación para los maestros de la escuela primaria y si los maestros de CPS están obligados a utilizar un plan de estudios obligatorio del distrito.
Como el alcalde antes trabajaba para el CTU, fue catapultado al cargo con el apoyo del sindicato y sigue estando estrechamente alineado con los objetivos del sindicato de maestros, sus los líderes han dicho que están desconcertados de que haya tardado tanto en llegar a un acuerdo. Las negociaciones comenzaron en abril.
El sindicato de maestros podría ir a la huelga en febrero, aunque eso sería un giro sorprendente después de que ayudaron al alcalde a ganar su cargo.
Traducido por Gisela Orozco para La Voz Chicago